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El nuevo plan de inversión de hasta US$8.500 millones en el Canal de Panamá abre oportunidades en puertos, energía e infraestructura hídrica. Sin embargo, para el capital extranjero el verdadero diferencial no radica en el volumen del desembolso ni en la magnitud de las obras, sino en el blindaje institucional que sostiene el proyecto: la autonomía constitucional de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), su régimen especial de contratación y la neutralidad permanente del Canal constituyen la auténtica garantía de confianza en este nuevo ciclo de expansión.
Así lo sostiene Alexis V. Herrera Ríos, socio de Icaza, González-Ruiz & Alemán, quien identifica en la gobernanza constitucional de la ACP el principal factor que explica el interés de inversionistas en proyectos vinculados a la vía interoceánica.
En este contexto se inscribe la estrategia presentada por el presidente de la entidad, Ricaurte Vásquez, durante el Foro de Economía Eurolatino, organizado por EditoRed en diciembre de 2025. El programa ha sido descrito como la segunda gran ampliación tras la inaugurada en 2016 y contempla infraestructura portuaria, gestión hídrica y servicios complementarios.
El Canal busca así consolidarse como un hub global del transporte de contenedores y de productos energéticos, apoyado en una expansión que combina infraestructura estratégica con un entorno jurídico estable.
¿Por qué la autonomía de la ACP es el principal ancla institucional?
En el plano institucional, el abogado destaca la autonomía constitucional de la ACP, cuyos directivos tienen mandatos de nueve años y presupuesto propio no modificable por el Ejecutivo. Según el vocero, sus políticas de contratación y su enfoque de sostenibilidad aportan previsibilidad al inversionista.
En lo operativo, la ACP funciona como un reloj suizo: eficiencia, servicios marítimos complementarios y digitalización que reducen tiempos y riesgos.
En lo logístico, indica el abogado, el país alinea puertos, zonas francas y conectividad terrestre para capturar valor más allá del peaje, mientras el centro bancario y los esquemas de APP facilitan financiamiento estructurado.
Claves jurídicas para invertir en Panamá: concesiones, arbitraje y derechos reales
De acuerdo con el análisis de Herrera, existen tres ejes del marco jurídico que un inversionista debe considerar al analizar una inversión en Panamá:
- Naturaleza pública y régimen especial de la ACP: la autonomía constitucional de la Autoridad del Canal garantiza un marco de contratación independiente, con reglas especiales para licitación y procesos de rendición de cuentas que ofrecen predictibilidad y agilizan el cierre de los proyectos.
- Esquema de derechos reales y concesiones: es vital evaluar la estabilidad de los títulos de propiedad y los contratos a largo plazo, considerando aspectos críticos como el uso de suelo, el alcance de las servidumbres y los permisos ambientales en áreas protegidas.
- Sistema de solución de controversias y ejecución: la confianza se apoya en mecanismos claros como cláusulas arbitrales, jurisdicción competente, medidas cautelares y el marco legal para la ejecución de garantías.
“A ello se suman las normas de competencia, cumplimiento, anticorrupción y reglas tributarias y aduaneras, tales como el sistema fiscal territorial del país y la normativa aplicable a zonas económicas especiales y operaciones logísticas”, destaca el abogado.
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