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Mediante un decreto expedido por la presidencia de la República, María Rocío Cortés Vargas, abogada especialista en Derecho Público y Ciencias Penales y Criminológicas, fue designada como nueva Superintendente de Industria y Comercio. Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en el sector público, incluyendo la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General de la Nación y, particularmente, la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, donde conoció procesos disciplinarios contra abogados y funcionarios judiciales.
Este nombramiento genera expectativa respecto de la dirección que podría tomar la SIC como autoridad administrativa y jurisdiccional colombiana de propiedad industrial, protección a la libre competencia al consumidor y los datos personales; materias que requieren conocimientos específicos en derechos intangibles, mercados, prácticas empresariales y regulación económica.
La cuestión de fondo será determinar si la nueva administración logra complementar su experiencia en asuntos judiciales y disciplinarios respecto de funcionarios públicos, con el conocimiento técnico especializado que exige el ejercicio de estas competencias.
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