Principle of equality and arbitrators duty of disclosure: New contributions from the International Trade Chamber of the Paris Court of Appeal

Apenas ha comenzado el año 2021 cuando ya se perfila como un año de novedades en temas tan apasionantes como el principio de igualdad de las partes en la constitución del tribunal arbitral y la obligación de divulgación aplicable a los árbitros. En efecto, por cinco decisiones dictadas entre finales de diciembre de 2020 y mediados de febrero de 2021, el Tribunal de Apelación de París se ha pronunciado sobre el deber de información del árbitro reiterando, a veces, soluciones clásicas o adoptando, en el caso de la Sala de Comercio Internacional del Tribunal de Apelación de París (CCIP–CA), soluciones más innovadoras.

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Although the year 2021 has just begun, it is already shaping up to be promising as it offered exciting developments on issues such as the principle of equality of the parties in the constitution of the arbitral tribunal and the arbitrator's duty of disclosure. By five decisions rendered between the end of December 2020 and mid–February 2021, the Paris Court of Appeal ruled on the arbitrator's duty of to disclose by reiterating classic solutions or in the case of the International Commercial Chamber of the Paris Court of Appeal (CCIP–CA), by adopting more innovative solutions.

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I. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE LAS PARTES EN LA CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL

En el caso Vidatel (1) , la empresa del mismo nombre, demandante en el recurso de anulación, sostenía que la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI había vulnerado la cláusula arbitral pactada con sus asociados al nombrar de oficio a los cinco árbitros. Además, alegó una violación del principio de competencia–competencia. Por otro lado, uno de los demandados, PT Ventures, consideraba que el cumplimiento de los términos de la cláusula de arbitraje habría supuesto una vulneración de la igualdad en la medida en que la demandante —que se oponía a sus tres asociados— se habría encontrado en una situación de desigualdad, frente a ellos.

Con pragmatismo, la CCIP‐CA decide que la aplicación del principio de igualdad en la constitución del tribunal arbitral ha de contemplarse necesariamente de manera diferente en el momento de la negociación de la cláusula arbitral y en el de su implementación.

En particular, considera que la cláusula no era capaz de garantizar procedimientos de nombramiento compatibles con el principio de igualdad, al que se puede renunciar después de que haya surgido el conflicto. De este modo, la CCIP–CA sigue la jurisprudencia Dutco (2) que estableció este principio en el Derecho francés.

Así, cuando se presenta un litigio y que el demandante se opone a los demandados que tienen intereses convergentes, parece necesario derogar a la cláusula arbitral en aplicación del dicho principio de igualdad.

Además, la CCIP–CA observa que, en el presente caso, la CCI había propuesto a las partes, sin conseguirlo, encontrar un acuerdo en cuanto a la constitución del tribunal arbitral. En estas circunstancias, la CCI consideró que podía intervenir legítimamente en la constitución del tribunal.

Aunque cuestionable, esta interpretación parece acomodarse al espíritu del nuevo art. 12.9º Reglamento Revisado de la ICC según el cual:

«Sin perjuicio de cualquier acuerdo alcanzado por las partes sobre la forma de constitución del tribunal arbitral, la Corte podrá, en circunstancias excepcionales, nombrar a cada uno de los miembros del tribunal arbitral para evitar un riesgo significativo de trato injusto e inequitativo que pueda afectar a la validez del laudo».

Por último, el demandante argumentó que la CCI había violado el principio de competencia– competencia al interpretar la cláusula de arbitraje. Pero de nuevo, la CCIP–CA rechazó este argumento, sosteniendo que se trataba de una dificultad relativa a la constitución del tribunal arbitral, marco en el que la ICC está autorizada a actuar.

II. LOS LÍMITES DEL DEBER DE REVELACIÓN DE LOS ÁRBITROS

Debe retenerse que el art. 1456 del Código de Procedimiento Civil francés impone a los árbitros una obligación de información continua que no cesa con su designación. En particular, los árbitros deben revelar cualquier elemento que pueda poner en duda su imparcialidad y/o independencia a lo largo del arbitraje.

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