El Proyecto de Ley de Protección al Inversionista Minoritario fue presentado en abril del año pasado como iniciativa del Poder Ejecutivo. Este proyecto se justificó en el deber del Estado de resguardar los derechos con acciones que incentivaran la implementación de buenas prácticas de gobernabilidad corporativa, buscando así rentabilidad y protección a la inversión del accionista minoritario, para generar una mayor eficiencia en la gestión empresarial.

Entre los cambios introducidos están la posibilidad de solicitar un auditoraje con al menos el diez por ciento (10%) del capital social, la obligación de los consejeros y demás administradores de cumplir con el deber de diligencia y lealtad, la adopción de políticas de gobierno corporativo por parte de las grandes empresas, según clasificación del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y de las sociedades cuyas acciones se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Valores.

Se reforman los artículos 26 y 189 del Código de Comercio, el artículo 426 del Código Procesal Civil y se adiciona el artículo 32 ter al Código de Comercio, el cual establece tres presupuestos que deben adoptar las empresas, sociedades y otras figuras reguladas por el Código de Comercio como políticas de gobierno corporativo.

Según el Ministro de Economía y el Ministro de la Presidencia, con la implementación de esta Ley se mejoraría el ambiente de negocios en Costa Rica, en consecuencia con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Así como los indicadores de Protección a los Accionistas en contra de los conflictos de intereses que mide el Banco Mundial.

Este proyecto fue aprobado en segundo debate el 04 de agosto del 2016 y entrará a regir una vez publicado en el Diario Oficial La Gaceta. 

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